Un operario que realizaba tareas vinculadas a la prestación de servicios de agua potable en Viedma logró que la Justicia reconozca el impacto laboral de un accidente sufrido en su puesto de trabajo. El episodio ocurrió cuando el empleado manipulaba bidones de 20 litros para trasvasar cloro desde un tanque grande hacia un depósito menor. En plena maniobra, perdió el equilibrio, tropezó y cayó fuertemente al suelo, lastimándose la rodilla derecha.

Tras la denuncia, la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) le otorgó las primeras asistencias médicas y estudios de diagnóstico —como una resonancia magnética que confirmó la lesión—, pero procedió a darle el alta bajo el argumento de que no existía incapacidad.

Ante esta negativa, el trabajador recurrió a la comisión médica, organismo que en una primera instancia revocó la decisión de la aseguradora y exigió la continuidad de las prestaciones. Sin embargo, un posterior trámite administrativo volvió a dictaminar que el operario no presentaba secuelas permanentes.

Disconforme con el dictamen y sosteniendo que ingresó a la firma en óptimas condiciones físicas, el afectado llevó el reclamo a la instancia judicial. Durante el proceso, una pericia médica independiente evaluó la movilidad de su rodilla derecha y detectó limitaciones funcionales concretas junto con un porcentaje específico de incapacidad.

Con estos elementos, la Cámara del Trabajo de Viedma hizo lugar a la demanda, condenando a la ART a abonar la indemnización correspondiente a las secuelas comprobadas, además de los intereses legales estipulados en la sentencia.